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Retraso en la integración de la CC: Poniendo en juego la institucionalidad democrática

Updated: Apr 19, 2021





Por:

Ana Isabel Calderón Cristal

María Sofía Hernández Chacón

Mayra Dinora Gil Herrera


En el pasado 13 de abril, al Congreso de la República correspondía realizar la juramentación de las y los nuevos magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad -CC- durante los próximos 5 años. De los 10 magistrados que, por ley, conforman ese tribunal, únicamente 7 fueron juramentados, quedando pendientes de juramentación los magistrados titular y suplente designados por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -CANG- y la magistrada titular elegida por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala -CSU-.


En lo que respecta a los magistrados electos por la Asamblea del CANG, la imposibilidad de juramentación era previsible, pues ya desde un día antes, había sido publicado en el diario oficial el Decreto 3-2021, por el que el Congreso disponía la integración de la CC, sin incluir a los profesionales designados por aquel órgano elector. Esto, responde a la existencia de recursos que cuestionaron su elección, pendientes de ser resueltos por el órgano correspondiente, situación que encuadra en lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, referente a que, mientras estén pendientes de resolverse los recursos interpuestos contra las designaciones realizadas por el CSU o por la Asamblea del CANG, continuarán actuando los magistrados que deban ser sustituidos.


En el caso de Gloria Porras, la designación de dicha abogada habría sido igualmente cuestionada mediante recursos; sin embargo, estos fueron rechazados por el CSU, entre otras cuestiones, por haber sido presentados fuera del plazo legal, tomando en cuenta que el acto de designación se realizó el pasado 4 de marzo, y los medios de impugnación fueron presentados hasta el 25 de ese mes. Tal circunstancia implicaba que los recursos fueron resueltos, aunque sin conocer los argumentos de fondo de quienes los presentaron, pues las impugnaciones no cumplían con uno de los requisitos que todo recurso debe observar, este es, el plazo para su interposición. Vale señalar acá que el requisito de temporalidad permite preservar la certeza jurídica y no dejar abierta de forma indefinida en el tiempo la posibilidad de variar las decisiones que adoptan los órganos estatales.


Los motivos antes descritos permiten comprender por qué la inclusión de Gloria Porras como magistrada titular sí estaba prevista en el Decreto 3-2021, a diferencia de los magistrados electos por la Asamblea del CANG. A pesar de lo anterior, el día correspondiente, el Congreso no juramentó a la mencionada profesional debido a la notificación de amparos provisionales otorgados en acciones que cuestionaron el rechazo de los recursos presentados contra su elección.


El efecto de las decisiones dictadas en las garantías, consistente en que se emita nueva decisión sobre los recursos, admitiéndolos -inobservando con ello el requisito de temporalidad antes aludido, sin preceder una argumentación adecuada sobre ese extremo-, provoca dejar en suspenso la firmeza de la designación y, por tanto, la posibilidad de que la profesional tome posesión del cargo. En este escenario, corresponde a Francisco de Mata Vela -designado hace cinco años por el CSU- ejercer como magistrado titular, en tanto no se juramente a Gloria Porras. Frente a esto, diversos actores sociales, entre ellos, más de 250 personas y asociaciones por medio de la prensa escrita, así como organizaciones de defensa de derechos humanos de nivel regional, en redes sociales, han manifestado su preocupación ante la falta de juramentación de la referida funcionaria.


Ahora bien, ¿a qué se debe esta preocupación? es importante acá hacer notar que la decisión adoptada el 13 de abril por el Congreso se suma a las ya diversas acciones intentadas contra la funcionaria y que se remontan a varios años atrás, por lo que la lectura de lo recién acontecido debe realizarse desde una mirada que tome en cuenta los ya recurrentes ataques contra la funcionaria. Tal situación ha motivado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, en 2017, otorgara medidas cautelares a su favor y de su núcleo familiar, solicitando al Estado adoptar las medidas necesarias: “…para que […] pueda desarrollar sus actividades como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.”. Por su parte, la CC ha conminado a los órganos a abstenerse de continuar las diligencias por señalamientos relacionados a los fallos que se emiten por ese órgano. Por ejemplo, en el expediente 162-2019 y acumulados.


A pesar de las medidas cautelares y lo dispuesto con anterioridad por la CC, las acciones de antejuicio presentadas contra magistrados, en las que se intenta una persecución penal basada en el criterio contenido en las resoluciones que emiten en el ejercicio de sus funciones, continuaron su curso. Ahora bien, frente al nuevo escenario, en el que Gloria Porras no ha sido juramentada y, por ende, se vio imposibilitada de tomar posesión del cargo para el que fue electa, ella ya no gozaría del derecho de antejuicio que le otorga el artículo 270 constitucional. Esto último significa que podría verse directamente sometida a procesos penales por opiniones asumidas en resoluciones actuando en su calidad de jueza constitucional, lo cual vulnera la independencia judicial y las garantías de los operadores de justicia, como ya lo ha señalado la CC y la CIDH.


En este contexto, es importante insistir en la relación advertida por los órganos internacionales, entre las garantías reforzadas de las que gozan las y los jueces para el desarrollo de su potestad jurisdiccional y el derecho a la justicia que le asiste a todas las personas. La utilización de diversas acciones legales para separar a operadoras y operadores de justicia que resultan incómodos para ciertos intereses particulares, así como su criminalización, es una práctica que debe rechazarse en cualquier caso, por atentar gravemente contra esa garantía.


Es evidente que, en la actualidad, se presentan diversas formas de uso arbitrario del poder que socavan el Estado de Derecho y, finalmente, el goce de los derechos humanos de las y los guatemaltecos. Una de ellas, es la inobservancia de los compromisos que posee el Estado, en lo que respecta a la vigencia del orden institucional, particularmente, al limitar la posibilidad de que las y los jueces constitucionales puedan desarrollar las actividades en ejercicio de la función que les ha sido asignada.


Debido al incumplimiento estatal en el que se incurre al no garantizar la independencia judicial y al retrasar una adecuada integración del alto tribunal constitucional, es necesario que, de la forma más inmediata, los órganos locales involucrados resuelvan adecuadamente las acciones que impiden a las y los magistrados designados ser juramentados y tomar posesión del cargo. Especialmente, debe requerírseles, tanto a los órganos designadores como a los funcionarios judiciales que conocen de las acciones de amparo relacionadas, que interpreten las leyes en un sentido que, conforme el control de pesos y contra pesos, garantice la independencia judicial y permita preservar la conformación legal de la institución que representa uno de los logros democráticos más importantes de los últimos años.



(Las opiniones expresadas son responsabilidad de las autoras)

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