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¿Qué es la familia? A propósito del Comité Técnico sobre la Institucionalidad de la Familia.

Updated: Apr 19, 2021



¿Qué es la familia? No es sencillo definirla. Para el Diccionario de la Real Academia Española es un: “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”. La Constitución Política de la República de Guatemala la coloca como un eje transversal de la organización del Estado. Si bien su protección es uno de los objetivos de su organización según su artículo primero, es reconocida como “génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad” (preámbulo), y la considera como “fuente de la educación” (artículo 73); en ninguna disposición la define propiamente.


El texto constitucional estipula como obligación del Estado el promover: “su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos” (artículo 47) y procurar su bienestar velando por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país (literal d) del artículo 119). La Corte de Constitucionalidad ha abordado lo relativo a la familia. A saber, consideró en la sentencia de inconstitucionalidad de 24 de junio de 1993, que las relaciones familiares no provienen exclusivamente del matrimonio, sino que también tienen su vínculo con otras instituciones, como la filiación, la unión de hecho y otras; en el fallo de apelación de sentencia de amparo de 23 de enero del 2014, expuso que debe existir un vínculo de solidaridad entre los miembros de una familia.


Existiendo estas acotaciones sobre la familia, ¿Cuál tomará entonces el recién estrenado Comité Técnico para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia para protegerla? Creado por el Acuerdo Gubernativo 45-2021 de 15 de marzo del presente año, este Comité funcionará de forma temporal como dependencia de la Presidencia de la República y su objetivo será: “proporcionar asesoría integral para el análisis de la propuesta de la Política Pública de Protección a la vida y la Institucionalidad de la Familia.”


Conformado por los Ministros de Gobernación, de Educación, de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Salud Pública y Asistencia Social; y los Secretarios de Planificación y Programación de la Presidencia y de Bienestar Social (cuyos cargos serán ad-honorem según el artículo 7), el Comité, entre otras, tendrá las siguientes atribuciones: elaborar el análisis de la propuesta de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia, asesorar a las dependencias del Organismo Ejecutivo en la promoción e implementación de acciones y mecanismos en esa materia e impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Guatemala en materia de derechos de la familia. Es previsible asumir que la postura del actual gobierno, por medio del Comité relacionado, será la de interpretar a la familia como aquel núcleo de personas conformado por un padre, una madre e hijos, y no necesariamente en igualdad de condiciones entre la pareja.


Lo anterior en virtud que en la página 94 del “Plan Nacional de Innovación y Desarrollo” del partido político oficial (que se asume fue el plan de gobierno al ser caracterizado como “realizable, financiable y medible” en su página web) se consideró un desafío el que: “En la mayoría de casos es el hombre como jefe de familia quien sale a generar los ingresos para llevar el sustento, sin embargo, hoy en día ya no es suficiente, por esa razón las mujeres se han estado incorporando a la actividad productiva para complementar los ingresos de sus esposos. Esta situación hace que los niños se queden solos o recomendados, agravando la situación de tales familias…” Aunado a lo anterior, el entonces binomio presidencial también fue partícipe de la denominada “Declaración Vida y Familia” (un evento promovido por la Asociación la Familia Importa (AFI) en el marco de las elecciones generales del 2019 para que los candidatos se comprometieran con determinadas acciones para “fomentar la familia natural”) en la que se promovió: “Creer en el matrimonio como el fundamento de la familia, sabiendo que su consentimiento y realización puede llevarse a cabo únicamente entre un hombre y una mujer.” Lo anterior no solo riñe con la igualdad de los cónyuges que protege el texto constitucional sino también causa dificultades prácticas precisamente porque no existe un único modelo de familia en la Constitución.


Esta situación es tomada en cuenta en otras latitudes. Por ejemplo, en lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 de 16 de agosto del 2010, consideró, en el párrafo 238, que: “…si conforme al artículo 4° constitucional, el legislador ordinario, a lo que está obligado, es a proteger la organización y el desarrollo de la familia -en sus múltiples organizaciones y/o manifestaciones-, sin encontrarse sujeto a una concepción predeterminada de la figura del matrimonio, es indudable, entonces, que, en el ejercicio de esa labor, no puede dejar de lado que la familia, antes que ser un concepto jurídico, es un concepto sociológico, pues (…) la familia, lejos de ser una creación jurídica, nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a un diseño social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura; así, los cambios y transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de manera necesaria, impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia en cada época...” El resaltado es propio.


Otra consideración la hizo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica al reconocer que familia “es un concepto con muy distintas variantes”, o incluso un Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Buenos Aires (actuando como tribunal de amparo) al afirmar que: “No se trata de saber si son posibles otras formas de vida familiar y afectiva distintas de la tradicional. Porque las tenemos delante nuestro y sabemos que existen. Se trata de saber si es posible un marco legal suficientemente genérico para adoptar sus institutos a estas realidades.”


Ni que hablar de lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano regional de protección de derechos humanos, que se ha pronunciado en esa línea, señalando: “…en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo ‘tradicional’ de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonioCaso Atala Riffo y niñas vs. Chile en la sentencia de 24 de febrero de 2012; o “…la definición de familia no debe restringirse por la noción tradicional de una pareja y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros parientes, como los tíos, primos y abuelos, para enumerar sólo algunos miembros posibles de la familia extensa, siempre que tengan lazos cercanos personales…” Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017.


Vale la pena recordar que las interpretaciones que se realicen por parte del tribunal interamericano deben ser observadas por Guatemala en virtud de la teoría del control de convencionalidad, desarrollada por el aquél, y también gracias a la figura del bloque de constitucionalidad, empleada por la Corte de Constitucionalidad y que relaciona la observancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al cumplimiento de la misma Constitución.


Estos son solo algunos ejemplos de interpretación que deben guiar al Comité Técnico para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia para efectivizar la Constitución Política de la República, que, al no concretar un tipo único de familia precisamente protege esa amplia gama de relaciones familiares y afectivas que surgen entre las personas; así mismo, respetar lo considerado por la Corte de Constitucionalidad, como guardián e intérprete final del texto constitucional; todo ello, con el objeto que las políticas públicas que se impulsan contribuyan al cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos.


(Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora)

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