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¿Por qué es importante defender el Estado Laico?

Updated: Apr 19, 2021




Cuando algunas personas escuchan hablar sobre un Estado Laico tienden a creer que eso significa que en ese Estado no se puede creer en Dios, o que está prohibida la libertad religiosa y peor aún, creen que es algo satánico. Sin embargo, es todo lo contrario porque en un Estado Laico se garantiza la libertad de cada persona para que pueda creer o no creer en un ser superior, también puede dejar de creer en ese ser superior en cualquier momento o incluso acoger una creencia religiosa cuando así lo desee, según su propia conciencia. En pocas palabras en un Estado Laico, existe separación entre las iglesias y el Estado. De tal suerte, las iglesias se encargan del adoctrinamiento atendiendo a la formación espiritual y el Estado del ejercicio de la función pública garantizando los derechos a la población.


Es importante mencionar que, según Roberto J. Blancarte, el Estado Laico es “un instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad que se reconoce como plural y diversa.” Así, que lejos de limitar la libertad de religión, la garantiza, tomando en cuenta la pluralidad y diversidad de creencias que pueden coexistir en un país como Guatemala, donde constitucionalmente se reconoce la libertad de religión (artículo 36) y el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres y tradiciones de los pueblos étnicos (artículo 66), dentro de las que se incluye la espiritualidad, tal y como lo ha indicado la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de 24 de octubre de 2017, dictada en el expediente 2112-2016. También está ligado al derecho a la libertad de expresión (artículo 35), por el que se garantiza el derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de 30 de agosto de 2019, en el Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela (párrafos 94, 96 y 97).


Algunos estudiosos del Derecho han querido poner en duda la laicidad del Estado de Guatemala, porque en el texto de la Constitución Política de la República vigente (CPRG) no se reconoce taxativamente, a diferencia de la Constitución de 1965, que sí contemplaba esa característica del Estado. Empero, la Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia indicando que Guatemala es un Estado Laico. A saber, en las sentencias de: 10 de junio de 2009, 8 de enero de 2008, 10 de octubre de 2018, 12 de septiembre de 2019, 14 de mayo de 2020, expedientes 3004-2007, acumulados 1202-2006, 1288-2006 y 1451-2007, 5733-2017, acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016, y 433-2019, respectivamente. Y ha ido desarrollando en forma doctrinaria, legal y jurisprudencial, cómo se debe poner en práctica la laicidad del Estado.


Por eso llama la atención que se ha acrecentado la práctica de actividades religiosas dentro de las instituciones del Estado, en total vulneración de los principios que deben regir un Estado Laico. Algunas personas que ejercen funciones públicas pretenden escudarse en el derecho a la libertad de religión, aunque la Corte de Constitucionalidad ha declarado (en los expedientes 3004-2007y acumulados 1202-2006, 1288-2006 y 1451-2007 precitados) que: “la convicción religiosa personal no puede ser condicionante de la ejecución de la labor para la cual fue electo, nombrado o contratado el funcionario o empleado, el que no puede anteponer sus convicciones al cumplimiento de sus obligaciones, como no sea dejando el cargo o empleo, ni anteponer ésta frente al derecho de una colectividad de acceder, por su medio, al ejercicio de una facultad que le ha dado la Constitución y la ley...” El resaltado es propio.


Es decir, que las funciones deben ser ejercidas conforme al marco constitucional y legal (artículos 152 y 154 CPRG), no respondiendo a las propias creencias, y que quienes ejercen la función pública son responsables administrativa, civil y penalmente por los daños y perjuicios ocasionados en el ejercicio de su cargo, cuando infrinjan la ley (sentencia de 7 de diciembre de 2015, expediente 2075-2015). Y, por otra parte, están protegidos constitucionalmente para no tener que acatar órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito (artículo 156 CPRG), lo que es importante cuando se encuentran frente a imposiciones religiosas por parte de sus superiores.


Lo mismo ocurre con la pretensión de legislar conforme a creencias religiosas determinadas, puesto que la Corte de Constitucionalidad ha establecido que: “De ninguna manera el derecho debe ser el agente de cumplimiento de la moralidad, la cual sólo puede ser realizada y sólo tiene sentido en la medida que sea llevada a cabo libremente por cada sujeto.” (sentencia de expedientes acumulados 1202-2006, 1288-2006 y 1451-2007 precitados).


Esto de pronto para quienes profesan la creencia religiosa contenida en la propuesta de ley o disposición administrativa, puede ser agradable. Pero implica la posibilidad que, al cambiar las fuerzas de turno dentro del Congreso de la República o entidad estatal, se pueda modificar la disposición por una que se adapte a sus creencias y/o conveniencias, sin importarles las creencias de otros grupos de personas, lo que seguramente desagradaría a quienes al principio vieron con buenos ojos la inclusión de normas religiosas en la ley cuando eran afines a las suyas.


De igual forma, la Constitución Política de la República garantiza que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República (artículo 203) lo que significa no emitir resoluciones fundamentadas en creencias religiosas determinadas, sino fundamentadas en la Constitución Política de la Republica y las leyes (artículo 204), incluyendo los tratados internacionales en materia de derechos humanos (artículos 44 y 46).


Al respecto, la Corte de Constitucionalidad también se ha pronunciado indicando que los jueces tienen tanto derecho como cualquier ciudadano a tener creencias espirituales, pero que no deben realizar manifestaciones públicas de este tipo en el entorno en el cual desarrollan sus tareas al servicio de la población, porque puede ir en contra de los derechos de la población. Indica, además, que las resoluciones deben estar fundadas en Derecho; y no en atención a principios religiosos o afines con los litigantes en cuanto a preferencias de esa índole (expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016). En esa misma sentencia, se indica que pueden realizar expresiones religiosas en la intimidad y no públicamente.

Por eso tiene tanto sentido que para ejercer algunos cargos públicos en la Constitución Política se exige no ser ministro de culto, verbigracia los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República (art. 187), Ministros de Estado (art. 197), Secretarios de la Presidencia (art. 202), Jueces o Magistrados (art. 207), y los Gobernadores (art. 227). De modo que se comprenda que no se puede mezclar la creencia religiosa personal con el ejercicio de las funciones, garantizando así los derechos de todas y todos.


La transgresión del Estado Laico, vulnera el derecho a la libertad de religión y el derecho a la cultura e identidad cultural, socava los principios de la democracia, y abre la puerta para que se impongan creencias religiosas a conveniencia de quienes ostentan el poder. Esto es grave en un Estado constitucional democrático de derecho, sobre todo en uno donde coexisten diversidad de creencias religiosas y espiritualidades.



(Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora)

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