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De los argumentos que nos mueven a defender a la CC. Sobre independencia judicial y garantía de DDHH

Updated: Apr 19, 2021

Varias personas han comentado sobre los sucesos que recientemente ocurren en torno a la Corte de Constitucionalidad -CC- y que tienen directa relación con la independencia de la que gozan sus jueces. Entre estos temas, figuran los relacionados a la elección de las personas que conformarán la nueva Magistratura, así como las persecuciones que se intentan contra algunos de los actuales magistrados.



Sobre este último tema, procuraré proporcionar algunos elementos que me parecen de utilidad para lograr comprender las razones por las que debieran preocuparnos las actitudes adoptadas por otros órganos estatales, entre ellos, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y el Congreso de la República, así como la forma en que estos actos atentan, no solamente contra los magistrados, sino, finalmente, contra la misma población guatemalteca.


Para contextualizar, basta referir brevemente algunos antecedentes que permitirán ir siguiendo el orden lógico de lo que actualmente sucede. En 2018, la CC resolvió otorgar el amparo provisional dentro de las garantías constitucionales promovidas para cuestionar la pretensión de Jimmy Morales y Sandra Jovel de expulsar al embajador sueco, Anders Kompass.


Derivado de esta decisión, la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente presentó querella contra tres magistrados de la CC -Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana ()-, pretendiendo su enjuiciamiento penal por la forma en que fue decidido aquel caso.


Esto último provocó la promoción de acciones de amparo que fueron otorgadas (expedientes 162-2019 y acumulados) basándose, resumidamente, en que era contrario a la normativa aplicable y la doctrina legal -resoluciones precedentes-, intentar procesos penales contra los magistrados por los fallos que emiten en ejercicio de sus funciones. A la CSJ correspondía decidir si continuar con las diligencias de antejuicio, remitiéndolas al Congreso de la República, o disponer su rechazo. La CC fue suficientemente enfática en señalar que era esta última actitud la legalmente procedente -en atención a los motivos por los que se presentó la querella- por lo que emitió órdenes para que la CSJ actuara consecuentemente.


En evidente desacato de lo ordenado por la CC, la CSJ dispuso la remisión de las diligencias de antejuicio al Congreso de la República, para su conocimiento. De esa cuenta, en estos últimos días, el Congreso ha intentado dar continuidad al antejuicio contra los magistrados aludidos, llegando a conformar la comisión pesquisidora que conocería del caso y cuya finalidad sería la de emitir informe para que el pleno del Congreso decida en definitiva. Esto, a pesar de lo resuelto por la CC y, además, las condenas que órganos internacionales en materia de derechos humanos han realizado respecto a esos intentos. Recuérdese que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- otorgó medidas provisionales a favor de los Magistrados Gloria Patricia Porras Escobar y José Francisco De Mata Vela, advirtiendo con preocupación la forma en que eran objeto de presiones indebidas.


¿Qué relación existe, pues, entre la protección de los jueces y la protección de los derechos humanos? La garantía de independencia judicial, que postula que los jueces no serán objeto de injerencias o presiones políticas, posibilita que la sociedad cuente con jueces libres, que decidan con base en criterios jurídicos objetivos y, por ende, no sujetos a intereses de ciertas personas o grupos particulares.


La CC, a lo largo de su historia, ha decidido sobre temas de suma importancia en materia orgánica, por ejemplo, los procesos de selección de las personas que ocuparán las magistraturas en Salas y CSJ, asuntos que guardan relación con el interés general de la población. Además, a esta instancia llegan casos en los que se discuten directamente el contenido de derechos humanos de grupos o personas específicas. Piénsese en casos relacionados al derecho a la salud, los derechos de personas y pueblos indígenas o los tantos asuntos que se conocen sobre denuncias de vulneraciones de derechos en procesos judiciales. Mi caso judicial, o el suyo, los derechos que nos asisten como personas individuales, o en lo colectivo, podrían ser analizados por los magistrados de la CC. La inacción o procederes arbitrarios de los demás órganos estatales son comúnmente objeto de enjuiciamiento y encauzamiento.


Las presiones a las que son sometidos los magistrados, con la promoción de acciones penales que provocan el conocimiento de las diligencias de antejuicio, dañan la garantía de independencia de la que gozan esos jueces y, por ende, la posibilidad de que las personas y colectivos accedan en condiciones adecuadas al sistema judicial y obtengan así decisiones justas y equitativas.


Los ataques contra la CC no son novedosos. Recordemos que, en 1993, Jorge Antonio Serrano Elías pretendió suprimir, por medio de las “Normas Temporales de Gobierno”, a la CC, junto con el Congreso de la República, la CSJ y otras instituciones de control. En esa ocasión, fue la misma CC la que, en un fallo dictado de oficio, anuló esas normas e impidió la concreción del autogolpe de Estado.


En esa ocasión, también pudo discutirse que la misma Corte haya resuelto sobre un asunto en el que claramente poseía interés, defendiéndose a sí misma, pero fue aún más trascendente el desastre institucional que evitó la decisión adoptada por el tribunal constitucional. Así, podemos ver que no son nuevas las defensas que provienen desde la misma Corte, con el objeto de preservar directamente su institucionalidad, o proteger la independencia de los jueces que la conforman.


La desobediencia de las decisiones que la CC emite para preservar su independencia es sumamente preocupante; como muchos más han apuntado, sienta precedentes peligrosos que podrían conducirnos a un estado de anarquía, en el que no existiría ningún respeto por las resoluciones que emite el órgano diseñado precisamente para frenar los abusos del Estado, e incluso, los abusos de particulares, en perjuicio de la población. También compromete la posición del Estado frente a los organismos internacionales, que han señalado concretamente las obligaciones estatales que deben observarse para garantizar la independencia judicial.


Un importante autor en materia constitucional, Robert Alexy, señala que la legitimidad democrática de los jueces impone la concurrencia de dos condiciones fundamentales: (i) que los tribunales emitan argumentos correctos y razonables, y (ii) que existan personas razonales que estén dispuestas y sean capaces de aceptar esos argumentos, por ser precisamente correctos y racionales.


Ante la situación vivida, me atrevo a señalar, ya no hablando de la legitimidad democrática de los tribunales constitucionales, sino de la supervivencia de nuestro propio tribunal local, que urge que, como ciudadanos, no solo seamos capaces de entender los argumentos correctos y razonables, sino de apoyar y defenderlos contra quienes los contradigan, amenazando así esta incipiente democracia.


La defensa de los argumentos que permiten preservar las garantías judiciales de las que gozan las juezas y los jueces puede darse, si se quiere ver, como forma de retribuir la valentía con la que algunos de ellos han asumido una función independiente, comprometiendo su tranquilidad personal o la de su familia, que se ven amenazadas con continuas acciones en su contra; o si se prefiere, como manera de conservar la posibilidad de acudir ante órganos judiciales independientes, dirigidos por personas capaces y dispuestas a velar por los derechos de la ciudadanía.



(Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora)

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