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La Corte de Constitucionalidad vs. La doctrina de las “cuestiones políticas” y el "self restraint”

Updated: Apr 19, 2021




La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) siempre ha estado inmersa en polémicas importantes en el ámbito jurídico y político. Según García Belaunde, fue el primer tribunal de sus características en operar en América Latina, además tuvo un rol protagónico en el golpe de Estado del ex presidente Serrano Elías en mayo de 1993. Últimamente, ha adquirido un protagonismo que polariza a muchos sectores, sobre todo a los abogados.


Entre los casos polémicos que han llegado a conocimiento de la CC está el amparo provisional protegiendo al ex embajador de Suecia en Guatemala, la no inscripción de Zury Ríos o de Thelma Aldana para las elecciones generales 2019, temas de mineras, etc. El caso polémico más reciente podría ser el amparo en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, la cual sigue atrasando maliciosamente el Legislativo.


Derivado de lo anterior, hay una percepción generalizada de que la CC es la que define lo que sucede en Guatemala, al ser el órgano de cierre del control constitucional. Esto no es al antojo de la misma CC, así lo plasmó el constituyente en la Constitución Política de la República de Guatemala (artículos 268 y 272) y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.


Algunos de los casos citados, y muchos otros, tienen orígenes políticos que se disfrazan de jurídicos, lo cual provoca una tensión muy grande como la que actualmente se vive. Entonces cabe preguntarse, ¿debe la CC auto limitarse en cuestiones políticas? La respuesta conlleva cuestiones complejas.


Jurídicamente, la CC debe pronunciarse sobre cualquier caso que sea llevado a su conocimiento, cumpliendo ciertos requisitos de forma y fondo e incluso en ocasiones sin haberlos cumplido del todo. Después, el límite es la misma Constitución y la interpretación que de ella pueda realizarse, tema por demás polémico y que no se abordará en esta ocasión. La propuesta que se plantea es otro límite a lo que parecieran ser atribuciones omnipresentes de la CC y es la denominada “political question doctrine” y el “self restraint”, ambas desarrolladas por la Suprema Corte de Estados Unidos.


Cuando se habla de “political question doctrine” se hace referencia a la capacidad que puede tener un tribunal constitucional de rehusar conocer determinada cuestión por tener componentes políticos que superan los jurídicos. La doctrina del “self restraint” consiste, según Portocarrero Quispe, en una abstención por parte del juez constitucional de avocar materias que, no obstante caen dentro de su jurisdicción, considere fuera de su responsabilidad. Es parte de lo que Víctor Bazán plantea como un ingrediente del constitucionalismo cooperativo, desde una vertiente del diálogo y la colaboración institucional, sin soslayar la irrenunciable misión del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional de conservar inalterada la vigencia normativa suprema de la Constitución.


Ambas doctrinas pueden variar y complementarse para el caso guatemalteco, entendiendo que, jurídicamente, la CC tiene la atribución de conocer sobre cualquier tema en cualquier ámbito, una vez haya sido ejercida una garantía constitucional, ella misma tendría que “auto limitarse” para poder determinar que algo no recae en su responsabilidad, por ser una cuestión política, aunque recaiga dentro de su jurisdicción. Ello evitaría el desgaste que hoy tiene y que le genera tantos problemas a su labor.


Habría que mencionar que el “self-restraint” es un concepto propio de las acciones de inconstitucionalidad de normas. Empero, la doctrina podría aplicarse a las acciones de amparo que deba conocer la CC, en virtud que, por dicha vía, se activan controles a cuestiones políticas que se les reviste de una supuesta violación de derechos sin que la misma sea plenamente evidente, como debiera suceder al ejercer la acción constitucional de amparo. Es decir, el componente político supera al componte jurídico.

Claramente, el “self-restraint” por cuestiones políticas no podría aplicarse desde la CC ante un acto de autoridad que haya provocado una violación clara de derechos, pero ante amparos que tienen un fondo debatible, como pudiera ser el amparo provisional sobre la posible expulsión del embajador de Suecia en el cual la CC determinó que el Presidente de la República debiera reconducir las relaciones con Suecia según los principios del Derecho Internacional. Cabe resaltar que el amparo definitivo quedó sin materia por haber cesado en sus funciones. En casos como el anterior, el tribunal constitucional debe realizar un examen y determinar si es o no adecuado otorgar una protección de derechos a una cuestión política.


El doctor Eduardo Mayora expone, en relación al caso del embajador de Suecia, ‘que “…‘no hay ámbito que no sea susceptible de amparo…’. Aquí se trata, por consiguiente, de materia opinable. Es importante indicar que el hecho que sea materia opinable, no requiere obligadamente que la CC intervenga. El “self-restraint” no operaría para no conocer de los casos, sino para pronunciarse de forma que exista ese diálogo cooperativo y no se invada la esfera de los poderes del Estado. Francamente, es complicado pedir esto en un país en donde esos poderes dejan mucho que desear.


No se puede ignorar el hecho de que si la CC ha tenido ese nivel de protagonismo, resulta en gran medida por el deficiente desempeño de las personas que ostentan el poder público, tal como lo indica Juan Pablo Gramajo, se debe analizar qué están haciendo los políticos para fomentar una democracia republicana funcional. Es la deficiencia institucional y la pobre capacidad en el ejercicio del poder la que lleva tantos casos al resguardo de la protección constitucional.


La realidad es que, a veces, la autoridad y la población van a sufrir las consecuencias de sus decisiones en una democracia, unos la plasman a través del voto y otros a través de acciones legitimadas por ese voto. La CC debe ser un árbitro que permita el juego de las fuerzas políticas, lo contrario implica un tribunal que dicte hasta la última coma de cualquier acto del poder público y dicho tribunal no es la vía para suplir la ineptitud política.


Vale acotar que la valoración para la auto limitación derivada de cuestiones políticas, tal como lo aplica el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, dependerá de la dinámica de los magistrados, en la medida que sean los más capaces, podrán responder con legitimidad, entendiendo cuándo practicar el “self-restraint”. La calidad de los magistrados no es un tema menor, ya que sus opiniones reflejan lo que establece la Constitución, y para el caso de la CC, el no contar con magistrados éticos y preparados pone en juego su misma existencia y la del Estado constitucional de derecho.


También se debe ser enfático en el hecho de rechazar cualquier desobediencia hacia las resoluciones de la CC, se comparta o no el criterio expresado en las mismas. Es primordial fomentar el análisis de las actuaciones y debatir sobre la posibilidad del uso frecuente del “self restraint” en cuestiones políticas que se esconden como violaciones a derechos. Existe un gran campo de mejora en ese sentido para la nueva CC, de la cual no se tienen muchas expectativas, pero como lo indica el ex magistrado Luis Fernández Molina, todo cambia y la nueva CC ya mostrará su propia personalidad.



(Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor)

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