Search

El derecho al agua, un derecho fundamental sin regulación legal.

Updated: Apr 19, 2021

El agua, es el líquido vital para la existencia y continuidad del ser humano, es reconocido como uno de los derechos básicos con categoría de derecho fundamental y de derecho humano, debido a su importancia, es sustento para garantizar la realización de otros derechos como el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud; se ha desarrollado en instrumentos internacionales y en algunos Estados en su derecho interno.



En Guatemala, el poder constituyente originario de 1985 incorporó en la parte dogmática de la norma normarum los derechos fundamentales de los guatemaltecos, distribuyéndolos en principios y normas tanto operativas como programáticas, estas últimas son las contentivas de derechos que no pueden aplicarse ni servir de sustento por sí solas, por ello llevan implícitamente la programación legislativa de la emisión de una ley que desarrolle su contenido volviendo operativo el derecho fundamental, verbigracia de ello el derecho fundamental al agua contenido en el artículo 127 de la Constitución Política de la República al preceptuar “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia.”


Es al día de hoy que el pueblo de Guatemala sigue a la espera de la emisión de una ley de aguas que regule el régimen como reza la Constitución, y que incluya los estándares internacionales contraídos por el Estado en los instrumentos internacionales de la materia; la inercia legislativa del Congreso de la República, así como la de los actores democráticos con iniciativa de ley para la presentación de proyectos de ley, ha dejado inoperante el derecho fundamental de los guatemaltecos a gozar a plenitud el derecho al agua y con ello a derechos ambientales inherentes a los habitantes de la República, lo que se traduce en la realidad nacional a personas que en pleno siglo XXI no cuenten con acceso al agua potable, con tratamiento de aguas residuales, que exista desviación de cuerpos de agua o privatización de nacimientos de agua entre muchos otros.


Las corporaciones municipales en su esfuerzo por regular el vacío legal referente al agua han emitido Acuerdos Municipales que al someterse al control de constitucionalidad directo, la Corte de Constitucionalidad ha interpretado las disposiciones constitucionales del artículo 127 al resolver que “no es admisible que la iniciativa de una corporación municipal subrogue la responsabilidad que corresponde al órgano legislativo [...]” (expediente 533-1995). “Este artículo regula el uso, goce y aprovechamiento de todas las aguas, reservando que será una ley la que se encargará de su desarrollo” (expediente 598-1994), en el mismo sentido ha determinado la existencia de la omisión de un mandato constitucional por parte del Congreso de la República en el expediente 3722-2007.


Si bien pareciera que la inercia del legislativo no tuviera solución legal, sí la existe en el ámbito constitucional, al ser un tema que afecta derechos fundamentales y que su regulación dimana de una norma programática de la Constitución, no podemos dejar la justicia constitucional de lado; si bien la aplicación y límites de su jurisdicción ha generado en el país opiniones y críticas tanto a favor como en contra, es innegable que la evolución del control normativo directo de los tribunales constitucionales, los paradigmas positivista y neoconstitucional, así como el derecho procesal constitucional, han brindado a los tribunales constitucionales una amplia gama de herramientas para dar soluciones justas, que encuentran legitimidad al complementar el control de constitucionalidad normativo, y realizar el contenido de la Constitución; pues, en la búsqueda de nuevas herramientas que sirvieran para otorgar la mayor protección, integran dentro del abanico de respuestas posibles: las sentencias intermedias al control de constitucionalidad, permitiendo dar otro tipo de soluciones a efecto de evitar el vacío normativo.


Cabe destacar que las sentencias atípicas o intermedias no se encuentran reguladas taxativamente en el derecho procesal constitucional guatemalteco; empero, el desarrollo de las mismas deviene de las atribuciones y funciones de los tribunales constitucionales propias del derecho procesal constitucional, que han sido incorporadas en ley o jurisprudencialmente por los tribunales constitucionales y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala no ha sido la excepción. Para solventar la problemática de la ley de aguas en el país, de la gama de sentencias atípicas destaca por su operatividad la inconstitucionalidad por omisión en su modalidad absoluta.


La inconstitucionalidad tradicional se da por acción cuando existe la emisión de una ley o un cuerpo normativo en nuestra legislación que contraviene o tergiversa disposiciones constitucionales, por otra parte la inconstitucionalidad por omisión se da cuando la inercia del legislador democrático en su actividad legisferante o cualquier órgano del Estado contraviene un mandato constitucional al no emitir en un plazo razonable la disposición normativa que una norma programática de la Constitución le ordena; en su aplicación en el derecho comparado este tipo de sentencias ha motivado atribuciones de legislador positivo del tribunal constitucional, o actitudes deferentes del tribunal exhortando al órgano obligado a la creación de la disposición normativa señalando, en algunos casos con cierto grado de vinculatoriedad, el plazo para la emisión del cuerpo normativo.


En el país ha sido reciente la incorporación de la inconstitucionalidad por omisión, la modalidad relativa cuenta ya con fallos favorables a diferencia de la modalidad absoluta que, si bien dio un paso firme al haber sido admitida a trámite por primera vez por la Corte en el expediente 2229-2010, la acción del promotor no fue estimada y la Corte se pronunció respecto a la omisión absoluta en el sentido que esta modalidad no puede prosperar dado que se ha incumplido el requisito esenciales de viabilidad de la inconstitucionalidad directa: que la norma jurídica debe gozar de generalidad y de vigencia para que pueda existir la confrontación entre el enunciado normativo y la Constitución.


Si bien la Corte de Constitucionalidad se ha inclinado por hacer uso de las sentencias atípicas, por cuanto que estas han supuesto las respuestas adecuadas a complejos planteamientos de inconstitucionalidad, en el caso que nos atañe examinar de inconstitucionalidad por omisión absoluta de la ley de aguas, en 2013 (Expediente 1135-2013) estableció que concurren los presupuestos para estimar la inconstitucionalidad por omisión absoluta; empero, se decantó por desestimarla y con ello apartarse de la doctrina, de sus funciones y atribuciones en el control normativo directo, dejando latente la conculcación a derechos fundamentales de los guatemaltecos en la temática y sobre todo incumpliendo con su función esencial de ser el guardián de la Constitución, por ser deferente hacia los actores democráticos cuya emisión normativa tiene que controlar por acción u omisión.


Paradójicamente, en 2019, en una inconstitucionalidad por omisión relativa que no es la herramienta procesalmente adecuada para tratar la omisión legislativa de una ley completa, pero que es el único mecanismo por omisión que ha aceptado, la Corte finalmente manifiesta una nueva faceta de la inconstitucionalidad por omisión relativa propia del derecho procesal guatemalteco hibridando matices de ambas modalidades al indicar “Ese extremo podría ser percibido como incongruencia del planteamiento y la pretensión expuesta; no obstante, también puede comportar una suerte de “relativización” de la inconstitucionalidad por omisión absoluta, por cuanto que se objetan disposiciones normativas específicas, empero se pretende que se exhorte la emisión de la ley a que hace referencia el artículo 127 de la Constitución” (expediente 452-2019).


La Corte finaliza la sentencia realizando la exhortación al legislador democrático <<para que, en un plazo razonable y en atención a lo considerado en esa sentencia, emita la ley a que hace referencia el artículo 127 de la Constitución Política de la República, en la cual se regule lo relativo al régimen de aguas, de acuerdo con el interés social”>> ; al respecto cabe señalar que la sentencia constituye un avance significativo en la temática del agua y en la inconstitucionalidad por omisión en Guatemala, sin embargo, la situación del país y la inercia legislativa en el cumplimiento de exhortaciones del tribunal constitucional, más que “un plazo razonable” exige una Corte de Constitucionalidad con valor que en este tipo de procesos utilice la apelación que tiene mayor grado de vinculatoriedad señalando un plazo fijo para el cumplimiento de la sentencia o realice el contenido de la Constitución y ejerza sus atribuciones nomogenéticas en calidad de legislador positivo.


una verdadera jurisdicción constitucional que se precie de tal, debe contar institucionalmente dentro del entramado de herramientas procesales, las específicas para conjurar las diversas violaciones a la Constitución, como es el de la omisión inconstitucional.” Gerardo Eto Cruz



(Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor)

115 views1 comment